Denuncia Sofía Martínez a Eric Cisneros por amenazas

02/12/2020

-La de justicia revela que existe un acuerdo entre el expresidente Edel Álvarez y la actual administración sobre construcción de ciudades judiciales

Ángeles González Ceballos

Xalapa, Ver 

La magistrada expresidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez Huerta, presentó ante la  Fiscal General del Estado, denuncia en contra del secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, por los delitos de amenazas, coacción y abuso de autoridad.

Expuso que un día después de su designación como presidenta del Tribunal y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, fue convocada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez para acudir a palacio de Gobierno, en donde fue atendida por este último y el secretario de Gobierno, en donde le manifestaron que Cisneros Burgos había llevado a cabo acuerdos con el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña.

"Ello para efectos de que dejara la presidencia y que por lo tanto dentro de los compromisos alcanzados por la administración actual del gobierno del Estado, no se realizaría cacería de brujas o investigación alguna sobre los actos realizados por Álvarez Peña y sus colaboradores en el desempeño de sus funciones en el Poder Judicial, lo que incluye los procesos de autorización, contratación y ejecución de obra de las llamadas ciudades judiciales", detalló su abogado Tomás Mundo Arriasa.

Dentro de la denuncia, Martínez Huerta afirma que en cumplimiento a lo ordenado por el Congreso del Estado y ante las anomalías encontradas con las ciudades judiciales, decidió suspender los pagos a las empresas constructoras y que, a la llegada de Isabel Inés Romero Cruz (actual presidenta), esta llevó a cabo el pago de las cantidades que se habían dejado de realizar con motivo de las irregularidades encontradas. 

En la denuncia revela que dichas anomalías se hicieron del conocimiento a los integrantes del Consejo de la Judicatura: Humberto Oliverio Hernández Reducindo, Carla Rodríguez González, Pedro Luis Juan Clemente Reyes Marín y Andrés Cruz Ibarra, y que en consecuencia estos decidieron cambiar a los titulares de la dirección jurídica, dirección general de administración, Contraloría y subdirección de recursos materiales, lugares en donde se encontraba la documentación que acredita las irregularidades cometidas por Edel Álvarez Peña y su grupo. 

"Ante la resistencia de la entonces presidenta del Poder Judicial es que se inició una guerra mediática en su contra, y que al efecto el día 20 de octubre del año en curso, Humberto Oliverio Hernández Reducindo, Joana Marlen Bautista Flores, y Juan Javier Gómez Cazarín, en la oficina de este último, llamaron a los presidentes de las salas que integran el Tribunal Superior de Justicia, con la finalidad de instruirles que por indicaciones del Gobernador debían destituir a Sofía Martínez Huerta, y que mas tarde fue llamada por el propio secretario de Gobierno para acudir a su oficina el día siguiente en punto de las doce horas", relató.

Asimismo, dijo que el día y hora de la reunión sostenida con Eric Cisneros, este último le manifestó que era momento de que se retirara del cargo de presidenta del Poder Judicial, pues a su criterio les estorbaba.

"Situación a la cual se negó la entonces titular del Poder Judicial y en consecuencia, le contestó Cisneros Burgos que no olvidara que tenía familia, y que haría lo necesario para quitarla del cargo, obligándola a renunciar", añadió Mundo Arriasa. 

En virtud de lo anterior, el día 23 de octubre, mediante un Pleno integrado ilegalmente, fue destituida del cargo. 

Ante el pronunciamiento de grupos políticos y ante los hechos notorios que tiene fama el Secretario y que directamente se le ha relacionado con amenazas a la dueña del periódico “El Dictamen”, así como el feminicidio de la alcaldesa de Jamapa, es que teme por su vida y por la de su familia y hace responsable a Eric Patrocinio Cisneros Burgos, de cualquier situación ilegal que afecte la integridad de las personas ya señaladas. 

"En virtud de lo anterior, solicita la Magistrada Sofía Martínez Huerta como medidas de protección: se establezcan las medidas de protección previstas en las fracciones I, II, VI y VII del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ser idóneas, suficientes y pertinentes para lograr el objetivo de la medida cautelar", agregó.

Asimismo, respecto de las fracciones VI y VII, toda vez que el sujeto denunciado cuenta con un cargo del servicio público a través del cual es el superior jerárquico y cuenta con los elementos jurídicos e influencias políticas para poder entorpecer la medida de protección, esa representación social, tendrá que solicitar la protección policial a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, para el efecto de que sea esa autoridad quien designe personal idóneo para los efectos de la medida cautelar solicitada. 

Por su parte, dichas medidas de protección se tendrán que realizar al momento de que se radique la presente denuncia, pues insiste que teme por su vida y responsabiliza por los ataques a su persona o familia a Eric Cisneros, ya que se motiva esas medidas de protección pues el ahora denunciado, se encuentra señalado por un partido político de ser autor intelectual de feminicidio, y que a su vez se cuenta con elementos de convicción a través de los cuales, se desprende que logró removerla del cargo de Presidenta del Tribunal Superior de Justicia. 

En caso de que la Fiscalía no ordene inmediatamente las medidas de protección idóneas, suficientes y pertinentes, incumplirá lo previsto por el Artículo 154 Quáter del Código Penal para el Estado de Veracruz, siendo acreedor de las sanciones penales correspondientes y que en consecuencia, habrá de acudir ante la Fiscalía General de la República.

Para acreditar lo anterior, dijo que Martínez Huerta ofreció como datos de prueba: DICTAMEN PSICOLÓGICO FORENSE: mismo que será incorporado a la Carpeta de Investigación, una vez que se encuentre radicada la presente denuncia. 

Así como: TESTIMONIALES, mismas que se llevarán a cabo a través de entrevistas efectuadas en sede ministerial una vez que se encuentre radicada la presente denuncia, mismas que se les deberá dar el valor probatorio a la luz de lo que exige la psicología del testimonio.

Y finalemete, DICTAMEN DE PSICOLOGÍA FORENSE que consistente en la RESILIENCIA de la agraviada.