Ángeles González Ceballos
El secretario de Educación, Zenyazen Escobar García, presentó la tercera denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, en contra de exservidores de la pasada administración, ahora relativa a 30 contratos de obra pública que fueron adjudicados de manera directa, uno de éstos al exdirigente del PAN, José de Jesús Mancha Alarcón, incumpliendo con el artículo 42, fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
La denuncia presentada este día deriva de una denuncia que hizo el ORFIS, pero el contrato que se le dio al panista de manera directa tiene que ver con más de 10 obras por lo que el monto es de alrededor de 10 millones de pesos.
La querella se interpuso en contra de quien resulte responsable informó y refirió que las obras se adjudicaron en el último año de gestión de Miguel Ángel Yunes Linares, pero estaban “congeladas”.
Detalló que la Ley de Adquisiciones define que únicamente se puede adjudicar de manera directa si el monto no rebasa la cantidad de un millón 347 mil pesos, sin embargo, los 30 contratos rebasan dicho monto, por lo que se debió haber hecho la invitación a cuando menos tres personas.
“Ocasionando un probable daño patrimonial al Instituto de Espacios Educativos del Estado por la cantidad de 81 millones 166 mil 346.28 pesos. Asimismo, se denuncia que dichos exservidores públicos ejercieron el contrato 598/18 por128 mil 185 pesos sin que la obra presentara avance alguno”, indicó y anexó a la denuncia la lista de los 30 contratos.
Puntualizó que de las 30 obras únicamente están concluidas 10, el resto están sin terminar a pesar de que se les entregaron los adelantos y éstas están ubicadas en diversas partes de la Entidad.
“No es una cacería de brujas. No es estar poniendo el dedo en la yaga sino como servidores tenemos que hacer lo correspondiente, las obras están inconclusas, faltan a 20, tenemos a las madres y padres de familia encima”, señaló.
Por su parte, el director del Instituto de Espacios Educativos, Ricardo García Jiménez, explicó que la mayoría de las constructoras son veracruzanas, pero algunas son de otras entidades como Nuevo León.
Aseguró que se ha buscado a los dueños de las empresas para que continúen con las obras, pero ya no les responden las llamadas, por ello es que se rescindirán los contratos.
Agregó que otro asunto que se detalló en la denuncia es la utilización de 128 mil pesos de gastos de supervisión para una sola obra que ni siquiera fue iniciada. Se trata de una obra para la Universidad de Gutiérrez Zamora, por 23 millones de pesos y se les dio el 50 por ciento, pero nunca colocaron ni un ladrillo.
Explicó que los recursos de la supervisión salen del Instituto de Espacios Educativos y si no hubo obra, preguntó qué fueron a supervisar.
Añadió que al día de hoy, el Instituto ha rescindido un total de 50 contratos de obra, pero la intención es concluir el año con 100 procesos de este tipo para que se haga la recuperación de los recursos a través de la SEFIPLAN por el asunto de las fianzas.
“El monto es variables, si hablamos del inicio de los 100, estamos hablando de 100, 130 millones de pesos, pero nos quedarían alrededor de 200 más, lo que se pretende es que se haga la recuperación del dinero y se haga una nueva contratación para que se lleve a cabo la obra”, aseveró.
Asimismo, el Secretario adelantó que el miércoles se reunirán con la encargada del despacho de la Fiscalía, Verónica Hernández Giadáns para tratar este asunto.
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