Recrimina Rectora a diputados dilación para nueva ley orgánica de la UV

11/09/2020

Ángeles González Ceballos

Xalapa, Ver.

A más de un año de haber propuesto al Congreso local la nueva Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, la rectora Sara Ladrón de Guevara reclamó a los diputados que no se le haya dado turno.

“Lamento la omisión en la consideración del proyecto de ley orgánica aprobado por el Consejo Universitario General y presentado hace ya más de un año ante el Congreso del Estado con base a la facultad que nos otorga el artículo 34, fracción séptima de la Constitución Política del estado de Veracruz”, reprochó durante su tercer informe de labores.

En un informe virtual, expuso que el nuevo ordenamiento coincide con los preceptos de la Ley General de Educación Superior, por lo que se apuntalarían las bases de un desarrollo institucional con mayor legitimidad. 

Además, dicha nueva ley busca la creación de la Comisión de Vigilancia Financiera y Control Patrimonial, responsable de la convocatoria del Contralor General de la UV, de la selección de una terna final y de la presentación de esta ante el CUG, de donde saldría el nombre del nuevo contralor.

“Con una perspectiva de mayor alcance y con una proyección a futuro que toda institución de educación superior demanda y merece. Exhorto a la sexagésima quinta legislatura estatal a atender esta iniciativa presentada con base en la ley”, pidió.

Asimismo, recalcó su solicitud al gobierno de Veracruz para que finiquite la deuda que mantiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Puntualizó que la administración estatal pagó parte del adeudo con el abono de mil 685 millones 697 mil 944 pesos en abril pasado.

Aunque aún falta lo correspondiente al periodo de agosto 2014 a mayo 2015, que continúa gestionándose a través de la Secretaría de Finanzas  y Planeación (Sefiplan).

Reconoció al Gobernador y a los diputados locales por la modificación del artículo 72 de la Constitución Política para mantener la progresividad en su presupuesto, lograda en el decreto de noviembre de 2017 que modificó el artículo 10 de la Constitución.