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¡484 MILLONES BAJO LA LUPA! EXFUNCIONARIO DEL OPLE VERACRUZ APARECE EN EXPEDIENTE DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

18/11/2026

 

Agencias 

 

Alfredo Hernández Ávila, quien también buscó la candidatura de Morena a la alcaldía de Orizaba, firmó en 2016 un dictamen para contratar servicios de impresión sin licitación pública.

 

VERACRUZ, VER.— Una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre contrataciones electorales vuelve a poner sobre la mesa viejos expedientes del OPLE Veracruz, donde aparece el nombre de Alfredo Hernández Ávila, exfuncionario electoral y posteriormente aspirante político.

 

De acuerdo con la información proporcionada sobre la investigación, Veracruz registra operaciones por 484.4 millones de pesos relacionadas con dos grupos empresariales bajo revisión, una cifra que exige claridad sobre el destino de los recursos públicos.

 

Pero hay un documento que llama particularmente la atención.

 

El 8 de abril de 2016, Alfredo Hernández Ávila, entonces director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del OPLE, firmó junto con Gregorio Arellano Rocha un dictamen que proponía adjudicar directamente servicios de impresión de documentación y materiales electorales, bajo el argumento de que una licitación pública retrasaría los trabajos.

 

Aunque el documento no demuestra irregularidades ni acredita que Hernández participara en las operaciones que actualmente revisa la ASF, sí confirma su intervención en la recomendación de un procedimiento de contratación por excepción de ley.

 

¿Quién recibió finalmente el contrato? ¿Cuánto dinero se pagó? ¿Qué empresa resultó beneficiada?

 

Son preguntas que el expediente presentado todavía no permite responder.

 

Y el asunto también tiene una dimensión política: Hernández Ávila dejó la Secretaría del Ayuntamiento de Orizaba en enero de 2025 y posteriormente buscó la candidatura de la coalición Morena-PVEM-PT a la presidencia municipal.

 

Ahora, ante estos antecedentes, surge otra interrogante: ¿estará dispuesto el exfuncionario a explicar públicamente su participación en aquel procedimiento y respaldar la publicación de los contratos correspondientes?

 

Es importante precisar que los 484.4 millones de pesos corresponden a operaciones reportadas bajo revisión, no a un daño patrimonial comprobado. Tampoco se ha acreditado que el dictamen firmado por Hernández esté vinculado con las empresas investigadas.

 

La firma está documentada; lo que falta es conocer el destino de aquella contratación.

 

Porque cuando se trata de recursos públicos, las respuestas deben estar en los expedientes, los contratos y las facturas, no en las especulaciones.