UPAV cierra filas con el Gobierno en medio de detenciones, desvíos millonarios y colapso administrativo

25/07/2026

*Enviaron un comunicado en el que respaldan las medidas de la mandataria, ante la crisis en esa institución

Rodrigo Barranco Déctor

Veracruz, Ver. La Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) intenta recomponer su narrativa institucional en uno de los momentos más críticos de su historia reciente.

Ayer, la comunidad universitaria difundió un posicionamiento oficial en el que respalda las acciones de la gobernadora Rocío Nahle y del secretario de Finanzas para “poner orden”, “fortalecer” y “consolidar” la operación de la institución.

El comunicado, firmado desde Veracruz puerto, insiste en que la disciplina administrativa y el manejo responsable de los recursos son indispensables para garantizar el futuro de la universidad, en un contexto marcado por investigaciones penales, detenciones de exfuncionarios y una reestructuración que ha paralizado áreas completas de la operación académica.

La crisis comenzó a escalar desde finales de 2025, cuando auditorías internas y externas revelaron irregularidades graves en el manejo financiero de la UPAV.

El ORFIS documentó un presunto daño patrimonial superior a 240 millones de pesos, derivado de esquemas de triangulación de recursos mediante fundaciones y asociaciones civiles que operaban como intermediarias para dispersar pagos y administrar ingresos sin controles claros.

La gobernadora confirmó públicamente, a inicios de 2026, la detención de tres exfuncionarios —incluido un exrector— por presunto lavado de dinero, peculado y ejercicio indebido del servicio público.

Cateos realizados en Xalapa aseguraron documentos, chequeras y equipos que reforzaron la hipótesis de una red sistemática de desvío que operó durante años bajo estructuras paralelas.

El impacto administrativo fue inmediato. Desde enero de 2026, la UPAV declaró días inhábiles indefinidos en su área administrativa mientras se ejecutaban despidos, revisiones de contratos y reacomodos internos derivados de la reforma aprobada por el Congreso el 12 de enero, que convirtió a la universidad en organismo público estatal sectorizado a la Secretaría de Educación de Veracruz.

La transición provocó protestas en Xalapa, Jáltipan, Orizaba, Perote y Córdoba, donde docentes y estudiantes denunciaron retrasos en pagos, falta de certeza laboral y ausencia de profesores en diversas sedes por falta de honorarios. La suspensión de trámites afectó certificados, procesos de titulación y servicios básicos que quedaron detenidos durante semanas.

El Gobierno estatal respondió con un reordenamiento financiero total. Las fundaciones intermediarias fueron eliminadas y todos los ingresos de la UPAV quedaron obligados a pasar por la Oficina Virtual de Hacienda.

Los bienes muebles e inmuebles de la institución fueron integrados al régimen público, sujetos a supervisión y posibles procesos de recuperación patrimonial. El rector en funciones quedó obligado a reportar cualquier indicio de malversación, mientras Sefiplan mantiene auditorías abiertas sobre ejercicios anteriores y sobre la operación actual.

En este escenario, el posicionamiento difundido funciona como un intento de cerrar filas. La comunidad universitaria afirma respaldar las acciones de la gobernadora y del secretario de Finanzas, y sostiene que la UPAV requiere unidad, responsabilidad y compromiso con el interés superior de la educación.