Sheinbaum ofrece protección federal para el reportero 'Lafita' y cuestiona uso del delito de terrorismo

04/01/2026

*Le volvieron a preguntar a la mandataria nacional sobre el caso del comunicador detenido en Coatzacoalcos

Rodrigo Barranco Déctor

Veracruz, Ver. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fijó una postura firme sobre el caso del reportero policiaco Rafael “Lafita” León Segovia, detenido en Coatzacoalcos y procesado inicialmente por el delito de terrorismo, una imputación que generó críticas nacionales e internacionales.

Durante su conferencia matutina, la mandataria aseguró que el Gobierno Federal puede intervenir para proteger a periodistas cuando su labor informativa pudiera estar siendo criminalizada, y anunció que el Mecanismo Federal de Protección a Periodistas podría activarse para acompañar el caso.

Sheinbaum fue enfática al señalar que la Fiscalía de Veracruz debe explicar por qué utilizó el delito de terrorismo, una figura prácticamente inédita en procesos contra comunicadores en México.

La mandataria subrayó que la libertad de expresión está por encima de todo, y que ninguna autoridad debe utilizar tipos penales graves para inhibir el trabajo periodístico.

Sheinbaum confirmó que instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para que el Mecanismo de Protección se acerque a los periodistas involucrados en casos como el de Coatzacoalcos.

Explicó que, aunque las fiscalías estatales son autónomas, el Gobierno Federal no puede ser indiferente cuando el ejercicio periodístico está en riesgo.

La presidenta reiteró que, si un periodista comete un delito real y comprobado, debe responder ante la ley como cualquier ciudadano. Sin embargo, insistió en que, si el fondo de la acusación está relacionado con su labor informativa, debe privilegiarse la libertad de expresión.

Rafael “Lafita” León fue detenido el 24 de diciembre en Coatzacoalcos. La Fiscalía de Veracruz intentó imputarle terrorismo, pero un juez desestimó ese cargo por falta de sustento. El comunicador seguirá su proceso por encubrimiento y delitos contra instituciones de seguridad pública, bajo arraigo domiciliario por un año.