Acusan dilación de jueces federales en caso de Rogelio

14/03/2022

Ángeles González Ceballos

Xalapa, Ver 

 

Roxana Luna Portillo, presidenta de la Mesa Directiva del Consejo Nacional del PRD, acusó que dos jueces federales han dilatado la justicia para el exsecretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán.

 

En conferencia de prensa, puntualizó que el primer juez de Distrito, Ricardo Mercado, de Oaxaca, lleva 11 meses sin que se pueda pronunciar por la detención ilegal del exservidor.

 

Sostuvo que no ha revisado si existen elementos para vincular o no a proceso al perredista y analice la constitucionalidad de los delitos de ultrajes a la autoridad y contra las instituciones de seguridad pública.

 

Por otra parte, señaló que la jueza de Distrito con sede en Xalapa, Daniela María León, en diversas ocasiones ha diferido la audiencia constitucional y separó "arbitrariamente" los actos contra los que se presentó el amparo por el delito de extorsión.

 

Dicha juez lleva siete meses sin emitir su resolución para el amparo por el delito de extorsión y fabricación.

 

"Los jueces federales se han prestado a dilatar toda la justicia para Rogelio Franco, el primero de Oaxaca 11 meses y la segunda de Xalapa, siete meses, sin que exista resolución", acusó.

 

Por ello, llamó al Poder Judicial para que cumpla con su encomienda como resolutores de juicio de amparo y se protejan las garantías individuales.

 

Asimismo, exigió a dicha soberanía vigilar a sus jueces y conozcan de los amparos que se deberán resolver y no prestarse al juego "perverso" del gobierno de Veracruz.

 

Recordó que Franco Castán fue detenido el 13 de marzo del año pasado y para ello, el 11 del mismo mes, el Congreso local aprobó la reforma al artículo 331 del Código Penal, que traía como objetivo que una vez aprobada se le aplicará en los dos días siguientes.

 

Refirió que en aquel momento el perredista contaba con un amparo para no ser detenido por ninguna autoridad e inventaron un supuesto golpe a un policía para poder vincularlo a proceso y no pudiera participar en el proceso electoral.

 

"Rogelio Franco no cometió ningún delito, le aplicaron todo el peso del Poder Legislativo, la reforma al Código Penal con apenas un día de vigencia", recordó.

 

Sin embargo, tras la inconstitucionalidad declarada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se demostró que el Poder Legislativo es el "garrote" político del Poder Ejecutivo.

 

"Con esta resolución cayó el primer delito fabricado para vincularlo a proceso. Rogelio es un preso político, violaron sus derechos humanos para privarlo de la libertad por órdenes del gobierno de Veracruz, con complicidad del Poder Judicial al convalidar y legitimar las acciones legales de la Fiscalía del Estado.

 

Es decir, un montaje que quedó orquestado desde lo más alto del régimen de la 4T. Desde su encarcelamiento es de conocimiento público qué los representantes de los poderes Ejecutivo, Judicial y de la Fiscalía General del Estado, de forma reiterado y sistemática han violentado la presunción de inocencia de nuestro amigo Rogelio", señaló.


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