Vence plazo para interponer controversia y Sofía Martínez cierra la puerta a Concepción Flores

21/08/2020

Ángeles González Ceballos

Xalapa, Ver 

La magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Sofía Martínez Huerta, se negó a recibir este jueves a la magistrada Concepción Flores Saviaga, debido a que éste viernes 21 de agosto vence el plazo para interponer la controversia constitucional en defensa de la autonomía del Poder Judicial de Veracruz.

Incluso Flores Saviaga tuvo que bajar al estacionamiento dado que Martínez Huerta se negó a recibirla, aún sabiendo la existencia de amparos concedidos a dos magistrados del Tribunal.

Además, se hizo acompañar del notario público Ángel Ramírez Bretón para que diera fe de la negativa de la magistrada presidente de recibirla.

Hay que recordar que la magistrada presidente había hecho el compromiso con sus compañeros magistrados de que no se retirarían del cargo, sin embargo, al incumplimiento de éste los magistrados Marco Antonio Lezama Moo solicitó la protección del Poder Judicial Federal, misma que le fue concedida y ahora, ante el retiro ilegal, así como la designación de una magistrada en su cargo, debe ser restituido.

Para el caso del magistrado Roberto Dorantes Romero, ya contaba con una suspensión para evitar su retiro, incluso desde la administración de Edel Álvarez Peña, quien siempre respetó los derechos que le asisten al togado y lo dejó en sus funciones.

Tanto Concepción Flores Saviaga, como su homóloga, Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, evidenciaron que en la última sesión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, el pasado 5 de agosto, se llevaron a cabo las asignaturas de salas a pesar de los amparos de dichos magistrados, así como el de Gladys de Lourdes Pérez Maldonado, quien también cuenta con una suspensión, toda vez que no fue ratificada por el periodo de cinco años más al que por ley podía aspirar.

Hace apenas una semana la magistrada Castañeda Palmeros auguró que la presidenta Martínez Huerta no cumpliría con los acuerdos avalados por el pleno del Tribunal, a lo que está obligada según la Ley Orgánica del Poder Judicial.