Un joven herido de gravedad en suelta de toros en Acula

23/06/2026

*Pese a protestas de grupos ambientalistas realizaron esa festividad en calles del municipio

Rodrigo Barranco Déctor

Veracruz, Ver. Pese a la molestia de defensores de animales, autoridades del ayuntamiento de Acula, en la Cuenca del Papaloapan, al sur del estado de Veracruz, permitieron una suelta de toros como parte de la celebración de las fiestas de San Antonio de Padua 2026.

El festejo dejó como saldo un joven lesionado cuando fue cogido por un toro tipo cebú, luego de que el chico de unos 20 años y en aparente estado de ebriedad intentó torearlo.

En un video grabado por un testigo se pudo constatar el momento en que el animal arremete en contra del muchacho que es revolcado por la calle y logra meterse entre las rejas de protección, pero bañado en sangre y con una mano lesionada, abierta de entre sus dedos.

El ayuntamiento de Acula no ha dicho nada al respecto, ni siquiera ha mencionado la suelta de toros como parte de las festividades, sólo se ha concentrado a dar a conocer los bailes.

La suelta de toros como la realizada en Acula opera en un marco legal que, aunque no la prohíbe, la deja sujeta a regulación municipal. La Ley de Bienestar Animal de Veracruz excluye expresamente a la tauromaquia y a las actividades tradicionales, lo que impide a las autoridades aplicar sanciones por maltrato animal en estos eventos.

Bajo esa excepción, la muerte del toro tampoco constituye delito, siempre que la actividad esté autorizada y se mantenga dentro de los parámetros permitidos.

En la práctica, la responsabilidad recae en los ayuntamientos, que deben emitir permisos, definir rutas, horarios y medidas de seguridad, así como supervisar que la suelta no ponga en riesgo a la población.

Si el municipio otorga la autorización, el espectáculo se considera legal; si no, cualquier incidente puede derivar en responsabilidades administrativas o penales, pero no por maltrato animal, sino por desorden público, lesiones o incumplimiento de reglamentos.

El caso de Acula se inserta en este esquema: la legalidad del evento depende del permiso municipal y del cumplimiento de las condiciones establecidas.

La polémica surge porque, aunque la ley estatal permite estas prácticas, la falta de controles o la ausencia de lineamientos claros puede exponer a participantes y espectadores a riesgos que no están cubiertos por la normativa de bienestar animal, sino por la capacidad del municipio para regular y vigilar el espectáculo.