Nuevos ayuntamientos deben cumplir obligaciones de entrega-recepción

10/01/2026

• Presenta el diputado Miguel Guillermo Pintos Guillén un Anteproyecto de exhorto a las autoridades municipales entrantes.

Xalapa, Ver., 08 de enero de 2026.- Durante la Segunda Sesión del Primer Receso, el diputado Miguel Guillermo Pintos Guillén presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades municipales entrantes a cumplir las obligaciones legales en materia de entrega y recepción.

En su planteamiento, el presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia explica que se trata específicamente de la conformación de la comisión especial responsable del dictamen para someterlo a consideración del ayuntamiento y acordar en vía de opinión las consideraciones que deberán enviar a este Congreso, de acuerdo con lo que establecen los artículos 190 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 26 de la Ley para la Entrega y Recepción del Poder Ejecutivo y la Administración Pública Municipal.

Luego de exponer lo que establece dicho articulado, el diputado detalló que los ayuntamientos deberán emitir el Acuerdo correspondiente en vía de opinión sobre el estado en que recibieron la administración pública y, previa certificación legal correspondiente, remitirlo a esta Soberanía, a través de la Secretaría de Fiscalización, adjuntando el Acta Circunstanciada y el expediente, para el efecto de revisión de las Cuentas Públicas Municipales.

Una vez recibido, el Acuerdo en vía de opinión será adjuntado a la cuenta pública que entreguen los ayuntamientos en los primeros cuatro meses del presente año, como lo dispone el artículo 28 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, posibilitando así que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) incorpore el contenido de los hallazgos del proceso de entrega y recepción.

Por último, Miguel Guillermo Pintos consideró que, si bien el 1 de enero se cumplió el protocolo de entrega-recepción, aún hay actos que las autoridades entrantes deben cumplir como la fiscalización de todos los recursos públicos del que disponen los ayuntamientos.